Distopía: los hornos de Auschwitz humean de nuevo

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«Arbeit macht frei» («El trabajo libera»), era el lema que figura en el acceso a uno de los más terribles campos de exterminio nazi, Konzentrationlager Auschwitz, en el que se considera que más de un millón de seres humanos fueron ejecutados e incinerados.

«#este virus lo paramos unidos», es el lema que el Gobierno de España ha usado en el frontispicio de la anormalidad que nos concierne para dar la impresión de que hacía algo distinto que improvisar, desdecirse, tomar todas las decisiones equivocadas, brujulear por mil sinrazones a cuál más descabellada y dar ante los ciudadanos españoles y el mundo la imagen más vergonzante, siniestra e inhumana que jamás habríamos podido imaginar.

La distopía hecha realidad.

La pandemia —tiempo habrá de hablar de qué ha sido realmente lo que ha sucedido, porque nada se hace en lo oscuro que no vaya a ser puesto en la luz—, cede y se atenúa hasta desparecer, pero continuamos sin saber exactamente qué ha sucedido, a cuántos ciudadanos ha afectado, cuántos de ellos han fallecido a causa de la enfermedad y cuántos por desatención, negligencia o abandono criminal, y, lo más importante de todo, si este Gobierno tan diligente en aplicar medidas dictatoriales inadmisibles en el ámbito constitucional, tiene responsabilidades penales en todo esto.

Los hechos gritan que sí, y es la hora de los tribunales, los cuales deben actuar sin demora ni concesiones, haciendo caer el peso de la ley con todo su rigor sobre quienes han perpetrado este desafuero que se traduce en miles de víctimas inocentes.

Ni la ONU, la OMS, el Gobierno de España o los mil comités de expertos (¿?) saben siquiera cuántas personas se han contagiado, y, lo que es peor, han fallecido a causa de la enfermedad. «Nadie estaba preparado para esto», dicen como excusa; pero se les paga, y se les paga muy bien, para que estén preparados para cualquier eventualidad. No es excusa. Es una mentira criminal. Poco importa si el fue el PP el que privatizó parte de la Sanidad, porque el PSOE ha gobernado mucho más y no lo revirtió, de modo que tan culpables son los unos como los otros.

Es negligencia criminal.

El número más verosímil que se maneja —pero no por eso creíble— indica que aproximadamente 40000 personas han fallecido a causa del COVID19; pero ese aproximadamente es una aberración: detrás de cada número hay una persona a la que no se hace justicia, a la que pudiera ser que han dejado morir, a la pudiera ser que abandonaron a su suerte y que, para borrar las pruebas de potenciales actos criminales, como en el Konzentrationlager Auschwitz, hayan incinerado deliberadamente.

Es preciso conocer el número exacto de víctimas.

Cada una de ellas.

Y llevar a cabo exhaustivamente una investigación criminal implacable sobre las verdaderas causas de sus muertes.

Dicen fuentes oficiales que aproximadamente (otra vez) el 90% de los fallecidos era mayor de 70 años. Esto también tiene que investigarse no solo desde la vía criminal, sino desde la médica, porque tiene toda la pinta de ser un atentado biológico contra la población más cara e improductiva para el Estado. Es decir, un genocidio calculado. Puede que no, pero es preciso de una forma rigurosa demostrar la inocencia o la culpabilidad. Imperiosamente imprescindible porque, además, el Gobierno enseguida se ha mostrado «satisfecho» de que las pensiones hayan bajado por primera vez en diez años. ¿Satisfecho? ¿Están en su sano juicio estas personas?

Aquí hay algo que apesta.

Es imprescindible una investigación criminal.

Los ciudadanos exigimos una investigación criminal, rigurosa e inmisericorde.

De los más de 40000 fallecidos por el COVID19, una cifra incierta, pero que podría oscilar sobre las 16000 víctimas, han muerto sin la presencia de sus familiares, sin saber si les han atendido, han sido cremados en condiciones opacas respecto del derecho penal y sin la asistencia de sus parientes, y, con ellos, se han borrado todas las pruebas de potenciales autopsias posteriores que pudieran delatar que han sido «ejecutados».

Suponemos que no, claro; pero ¿estamos seguros de eso?

Yo, no. Y creo que somos muchos los que estamos seguros de que han sido abandonados a su suerte, los han dejado morir sin atención (lo que representa un crimen en toda regla) y hasta es posible que los hayan «aliviado» su sufrimiento con eutanasias programadas.

Es una sospecha razonable.

Pero es un derecho civil el exigir que se investiguen esas muertes.

Cada una de ellas.

Todos sabemos por la prensa lo que ha sucedido con los ancianos. Las familias no podían visitarlos (negación de un derecho civil), y lo mismo podían estar atendidos adecuadamente que siendo torturados o asesinados. Creemos que no (otra vez); pero ¿estamos seguros de eso?

Los ancianos dependían del vicepresidente Pablo Iglesias, una persona que no me inspira ninguna confianza de ninguna clase, quien además jamás ha tenido responsabilidad alguna sobre nada antes de tener sobre sí la vicepresidencia de una de las naciones con más historia de la Tierra. Obviamente ni está preparado para ser vicepresidente ni su trayectoria personal anima a la confianza. Todo en él es siniestro, oscuro, peligroso.

Debe investigarse su responsabilidad criminal en este asunto.

No existe ninguna razón en el mundo para que unos hijos no puedan ver a sus padres, así en la residencia o en el hospital como sus cadáveres en caso de fallecimiento. Existen medios baratos y seguros para eliminar cualquier riesgo de contaminación, y tanto más cuando se trata de un virus con una prevalencia de contagio tan extraordinariamente baja. Pero es que, además, se han destruido sus cuerpos sin ninguna necesidad de hacerlo, porque con ellos han desaparecido las pruebas de potenciales conductas criminales.

O todo esto se investiga con un rigor inmisericorde, con luz y taquígrafos, o sobre todos nosotros sobrevolará siempre la duda de si todo esto no ha sido otra cosa que un plan criminal para eliminar a nuestros ancianos. Los hospitales y las residencias de ancianos, así, serían como siniestras sucursales de Auschwitz.

Por otra parte, si ha sucedido lo que todos sabemos sobre cómo han destituido a la cúpula de la Guardia Civil por no informarles sobre la investigación que llevaban a cabo acerca de la responsabilidad criminal del Gobierno en la extensión de la pandemia y los distintos intentos de convertir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una suerte de Gestapo, esto debería hacernos pensar que, metidos en harina, también podría haber habido «instrucciones precisas» para eliminar «excedentes sociales».

Por la salud legal de España, este asunto debe investigarse con rigor, luz y taquígrafos, hasta sus últimas consecuencias.

De otro modo, este será el primer episodio realmente distópico de los muchos que vendrán a continuación.

Estamos avisados: los hornos de Auschwitz humean de nuevo.

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